El Samaná no se vende

Declaración del V Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental San Vicente de Chucurí, Santander

A la comunidad nacional e Internacional Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente

Montaje judicial en contra de un líder social

Tejiendo Resistencias para la Vida, la Democracia y la Paz

¡Persistimos en la paz!

Entre tantas malas noticias, y entre tantas problemáticas que amenazan el Oriente Antioqueño, encontramos una razón para celebrar. La última semana de marzo, Celsia, empresa filial del Grupo Argos, anunció que desistía de la intención de construir el proyecto hidroeléctrico Porvenir II. La obra que pretendía generar 352 megavatios de energía, la mayor cantidad después del embalse de Guatapé y el de Punchiná en San Carlos, tendría impacto directo en San Luis, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare. Según lo proyectado, construir Porvenir II significaba construir un muro de 140 metros sobre el río Samaná Norte, interrumpiendo y alterando su flujo natural. Además inundar más de 1000 hectáreas, lo que pondría en peligro las especies de flora endémicas, es decir únicas en el mundo, que algunos expertos encontraron en la zona. Sumado a esto la obra iría en contra de las formas propias de habitar el territorio, revictimizaría a personas que fueron víctimas del conflicto armado, truncaría procesos de restitución de tierras que están pendientes, provocaría desplazamiento y desarraigo.

Al ser consultado por los medios de comunicación, Ricardo Sierra, presidente de Celsia, afirmó que: “Porvenir II está en una situación compleja e intentamos venderlo”. De no lograr vender el proyecto, aseguró Sierra, Celsia no va a construir la presa, pues el actual interés de Celsia y de Argos son las energías renovables y la distribución energética, razón por la cual hace poco adquirieron acciones de Enertolima. Aunque el Presidente no lo mencionó, estamos seguros y orgullosos de que la presión social, el rechazo de las comunidades, y las diversas y masivas manifestaciones en defensa del río, también hayan sido un factor determinante para darle marcha atrás al proyecto.

Vale la pena recordar que Celsia llegó a los territorios prometiendo progreso y desarrollo. Algunos ciudadanos y funcionarios públicos que apoyan el proyecto utilizan el mismo argumento. Hasta el 2017 el Oriente Antioqueño sacrificaba sus ríos para producir el 73% de la energía que consumía Antioquia y el 29% de la energía que consumía el país. Sin embargo, el tan mentado desarrollo ha provocado desplazamientos, ha roto el tejido social, ha destruido nuestras formas de producción, y ha dejado sin luz las zonas aledañas a dichos proyectos.

Al conocerse la noticia, no todas las voces han sido a favor de que el río Samaná continúe corriendo libre. Este es el caso de el Alcalde de San Luis, quien salió en los medios lamentando la decisión de la empresa, y confesó que mantenía una comunicación directa con Celsia para estar al tanto del desarrollo de este proyecto.

Lo preocupante de las declaraciones del Alcalde es que se dedicó a estigmatizar la labor de quienes hemos emprendido la tarea de proponer un debate frente a la defensa del territorio y el cuidado de nuestros bienes comunes. Durante su airada intervención en medios, el mandatario expresó que “no nos van a condenar a vivir en la pobreza y el abandono”, refiriéndose a quienes nos hemos unido para adelantar iniciativas que protejan el último río libre de Antioquia. Además, nos increpó y nos retó a solucionar problemas como el desempleo, la falta de vías de acceso y la seguridad en los municipios. Las declaraciones del Alcalde no sólo resultan irresponsables sino que eluden sus responsabilidades como mandatario.

Como ya lo hemos demostrado en diferentes espacios, son múltiples las afectaciones sociales, ambientales, económicas y culturales que generan este tipo de proyectos. La promesa de generar empleo y darles regalías a los municipios, son paños de agua tibia para los problemas sociales de los territorios, los cuales continúan y/o se agravan una vez terminan las obras y los proyectos comienzan a generar energía y ganancias para los privados.

En este sentido, no se puede confundir la oposición con el problema estructural, y las razones que lo generan. No se puede culpar de las dificultades económicas y sociales que afrontan los municipios más alejados al altiplano, a quienes venimos proponiendo ejercicios de producción agroecológica y circuitos de distribución más justos para los campesinos, propuestas de turismo comunitario, entre otras apuestas que pretenden ser una alternativa al modelo que promete solucionar las carencias de nuestros municipios planeando y ordenando el territorio bajo lógicas extractivas que excluyen y no tienen en cuenta el sentir de las comunidades.

La participación de las comunidades del Oriente Antioqueño en la manera de comprender, habitar y planear el territorio no sólo es un incentivo a la cultura democrática, también es la posibilidad de hallar soluciones reales y de largo aliento que garanticen formas de vida digna, partiendo siempre de los planes de vida de quienes habitan los territorios. Invitamos a la institucionalidad a quitarse la camisa de estos proyectos extractivos y ponerse la de la vida digna.

Aunque celebramos la suspensión de Porvenir II, sabemos que esta no es una victoria definitiva, pues el interés de empresas como Celsia no es proteger los territorios sino generar ingresos. Durante más de tres años, como movimiento nos opusimos al represamiento del río Samaná. La defensa continuará, seguiremos alertas y con la guardia alta ante empresas como ISAGEN, EPM, o HMV Ingenieros, entre otras, que pretendan darle continuidad al proyecto o impulsar otros. La defensa de nuestros ríos y la exigencia por el respeto a las maneras propias de habitar el territorio son motivos para llamar a las comunidades del Oriente antioqueño a movilizarse este 25 de abril; el paro nacional también es en contra del modelo extractivista.

No queremos hidroeléctricas en el río Samaná, ni el río Santo Domingo, ni en ningún otro río de nuestra región. Queremos aguas para la vida y no para el capital. Insistiremos para que el río Samaná sea declarado sujeto político de derechos, porque el Samaná no se vende, ¡el Samaná se defiende!

 

Oriente Antioqueño, abril 10 de 2019

Desde San Vicente de Chucurí, tierra de hombres y mujeres libres que le ponen el alma y corazón a los ejercicios de defensa del agua, la vida y el territorio, adelantamos nuestro V Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental. En el año 2017, el alcalde del municipio fue presionado por las empresas mineras para que se negara a convocar la consulta que ya había sido legítimamente exigida por la ciudadanía y avalada por el tribunal administrativo de Santander.
 
En este espacio y con la fuerza ancestral de los yariguies, agatáes, guanes, chitareros, laches y motilones, reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en un proceso de articulación nacional ambiental que sea capaz de descarrilar la locomotora minero energética que amenaza el bienestar y derechos de nuestras comunidades.
 
Hoy vemos como el Estado colombiano se encuentra capturado por las corporaciones. Estamos bajo el gobierno de unas élites políticas dominadas por sus intereses particulares y la corrupción. Los aliados naturales del gobierno nacional no son el pueblo colombiano, sino el capital extractivista, las empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas y de grandes plantaciones. Las comunidades, la biodiversidad, el paisaje, el agua, la cultura campesina, afro e indígena y en general todas las formas de vida se encuentran amenazadas por la codicia extractiva. Pese a ello y a toda la avanzada de este modelo que reproduce y multiplica por doquier las inequidades sociales, el saqueo de los bienes comunes naturales, el despojo de nuestros territorios y la contaminación de aguas, suelos y aire, los integrantes del Movimiento Nacional Ambiental nos comprometemos a mantener viva la esperanza y dignidad con la convicción de no sucumbir ante las adversidades.
 
Alertamos nuevamente a toda la ciudadanía colombiana sobre la Dictadura Minero-Energética que viene imponiendo el Estado colombiano y que desconocen el principio democrático del Estado Social de Derecho, la autodeterminación de los Pueblos, los Planes de Vida de las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas, las consultas populares y las consultas previas, libres e informadas. La dictadura Minero Energética en curso viene arrasando con los principios constitucionales de la participación ciudadana y la autonomía territorial. Por consiguiente:
 
Rechazamos
 
La Licencia Ambiental que otorgó el ANLA para la explotación de hidrocarburos en el AP MARTEJA, Resolución 0372 de 2019 en la medida que desconoce los graves riesgos y daños sociales y ambientales que generan estos emprendimientos por todo el país.
 
El actuar de la Nueva Corte Constitucional por cercenar el derecho constitucional a la participación ciudadana y las consultas populares. No vamos a aceptar que se roben la democracia y las bases del Estado social de derecho que pretenden condicionar los derechos de las comunidades para beneficiar los intereses de las multinacionales.
 
La arremetida de la AngloGold Ashanti en querer seguir insistiendo en la extracción de cobre y oro en el suroeste de Antioquia, pese a los rechazos del campesinado y la comunidad que quiere mantener la agricultura y la economía solidaria en los territorios sagrados para la vida.
 
Exigimos
 
El respeto irrestricto de las consultas populares y el reconocimiento a la soberanía popular (artículo 3 de la Constitución Política de Colombia) para que sea el constituyente primario quien decida de manera libre sobre sus propias formas de desarrollo.
El respeto por los Acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios.
 
Que el Estado colombiano garantice la vida y honra de los líderes y lideresas sociales. Para ello, se deben implementar mecanismos efectivos de protección y acciones decididas que permitan el desmantelamiento de las estructuras criminales que soportan estos crímenes de lesa humanidad.
 
Pese a las dificultades, nuestros sueños y entusiasmo siguen en firme con el compromiso indeclinable de construir una Colombia en paz, con justicia social y ambiental. Continuamos con nuestras acciones para descarrilar la locomotora minero-energética, fortalecer las diferentes estrategias de protección, cuidado y seguridad de los líderes y lideresas sociales. Así mismo, fortaleceremos nuestras propuestas para la transición energética justa.
 
Este 7 de abril marchamos por las calles de San Vicente de Chucurí con el objetivo de seguir demostrando que la movilización y organización social son elementos determinantes en nuestros ejercicios de defensa del bien común. Saludamos y felicitamos la Minga Nacional por la defensa de la Vida, los territorios y la paz. Estos ejercicios democráticos y de movilización ciudadana nos permiten darle cuerpo a la dignidad y esperanza, nos ayudan a fortalecer las iniciativas de defensa de nuestra biodiversidad, el agua, la diversidad cultural y la construcción de una paz estable y duradera que tenga en cuenta los derechos de las presentes y futuras generaciones.
 
Invitamos a las organizaciones sociales y ambientales a fortalecer los procesos del control político territorial con el propósito de disputarle el poder local y regional a las élites corruptas, extractivistas y minero-políticas.
 
Como Movimiento Nacional Ambiental nos sumamos a la jornada de movilización del paro nacional el próximo 25 de abril y al Refugio Humanitario por la vida de los líderes-as sociales del 28 de abril al 2 de mayo. Convocamos a nuestras organizaciones, aliados y amistades a participar de los procesos de movilización artísticos y culturales que se realizarán del 1 al 8 de junio en la semana nacional de encuentros por la vida a través de Marchas Carnaval, plantones y tomas culturales en diferentes lugares del país.
 
San Vicente de Chucurí (Santander), 7 de abril de 2019

 Detenido Ancísar Morales por Falsas Acusaciones

 

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos el montaje judicial del que es víctima el compañero ANCÍSAR DE JESÚS MORALES ZULUAGA, líder social, defensor de derechos humanos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Campesina de Antioquia y concejal del municipio de San Francisco – Antioquia.

El pasado viernes 8 de marzo integrantes del C.T.I. abordaron al líder social en el parque principal del municipio de San Francisco e hicieron efectiva una orden de captura por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

 Durante los días 9 y 10 de marzo se llevaron a cabo las audiencias preliminares donde se evidenció que dentro de los elementos que soportan las acusaciones se encuentran dos declaraciones, una de ellas de una persona que precisamente ANCÍSAR había denunciado frente a la fuerza pública del municipio por la venta de estupefacientes.

En la audiencia de imputación también le endilgan el delito de tenencia de armas de fuego porque en el allanamiento realizado a su residencia rural en la vereda Boquerón, fue encontrada una escopeta, elemento que culturalmente se utiliza en el territorio para la consecución de la carne en zona de bosque.

Estas son graves acusaciones contra un defensor de derechos humanos, que proviene de una familia humilde, víctima de crímenes de Estado (ejecución extrajudicial), y que se ha destacado por ser un líder social, comunal y campesino que ha ayudado a emprender programas dirigidos hacia esta población. Además, en su labor como concejal se ha destacado por ser uno de los pocos que se atreve a denunciar la criminalidad y el aumento del consumo de estupefacientes y microtráfico en su municipio, y ha sobresalido justamente por preocuparse por el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes adelantando compañas de prevención.

Estas situaciones han sido certificadas por las autoridades del municipio, Alcalde, Comandante de Policía y Presidente del Concejo Municipal, así como por voceros de distintas instancias como el Párroco del pueblo, el Coordinador del colegio municipal, el Gerente del hospital y un sin número de organizaciones sociales y habitantes del municipio, certificaciones que se pusieron a disposición del juez de control de garantías, quien las desestimó y por el contrario consideró a ANCÍSAR como un peligro para la comunidad, razón por la cual acató el pedido de la Fiscalía de imponer como medida de aseguramiento la privación de la libertad.

Contrario a lo expresado por el juez, ANCÍSAR DE JESÚS MORALES, igual que otros líderes sociales en el país, cumple una labor fundamental para el bienestar de la comunidad, y hoy es víctima de falsas acusaciones, en las que tanto personas como instituciones son utilizadas por criminales para desviar la atención y quitar del medio a quienes denuncian abiertamente sus actividades ilícitas, y así poder tener el camino libre a sus nefastos intereses en los territorios.

 

¡Exigimos su libertad y el respeto de sus derechos, porque Ser Líder Social No Es Delito!

 

Suscriben este comunicado:

Asociación Campesina de Antioquia – ACA

Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente antioqueño – ASOPROA Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA

Censat Agua Viva

Cinturón Occidental Ambiental - COA Colectivo Antorcha

Colectivo Awa

Colectivo de Estudio y Trabajo (CET) Colectivo de Educación Popular Paulo Freire Colectivo FibonAccion

Colectivo Las Flores

Colectivo SinEsquemas - Marinilla Colectivo Tejiendo Raíces Colombia Informa

Comisión de DDHH del Congreso de los Pueblos

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Seccional Antioquia Comité Permanente por la defensa de los DDHH Héctor Abad Gómez Comunidades SETAA

Confluencia de Mujeres para la Acción Pública Congreso de los Pueblos

Contraportada Comunicación Alternativa    

Corporación Cocorná Consciente

Corporación Comité de DDHH Jesús María Valle Jaramillo Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares Corporación de DDHH Gustavo A. Marulanda

Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental - CEAM Corporación Jurídica Libertad

Corporación Periferia

Corporación Social Semilla Urbana Corporación Tulpa Comunitaria Desde el 12 Prensa Alternativa Enfoque de Oriente

Fuerza Nacional Magisterial - FUNAMA Fundación Sumapaz

Gente con Sentido Común Grito de Brujas Colectivo

Grupo Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB

Grupo de Investigación Cultura, Violencia y Territorio -CVT-, adscrito al Instituto de Estudios Regionales -INER- de la Universidad de Antioquia – U de A

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH Instituto Popular de Capacitación – IPC

Guaskaque - Barrios del Mundo Bogotá

Línea Salud mental, cuidado comunitario y ruralidad, adscrita al grupo de Políticas sociales y servicios de salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia – U de A

Mesas de San Carlos por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio

Movimiento de Resistencia a la minería y al extractivismo en El Carmen de Chucurí, Santander Movimiento Ríos Vivos Colombia

Movimiento Social Agrodescendientes

Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – MOVETE Oficina Estudiantil Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín Podemos - municipio San Vicente, Antioquia

Proceso Nacional Identidad Estudiantil

Proyecto de Educación Popular Estanislao Zuleta Red de Acción Frente al Extractivismo – RAFE Red Popular Caminando la Palabra

Ríos Vivos Colombia

Secretaria técnica de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño   Semillero de Investigación Cultura, Violencia y Territorio, adscrito al Instituto de Estudios Regionales -INER- de la Universidad de Antioquia – U de A

Semillero de Investigación en Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas de la Universidad de Antioquia – U de A

Semillero Interdisciplinario Ramón Emilio Arcila de la Universidad Católica de Oriente Somos las Gente del Valle de Aburrá

Tierra de Hombres Suiza Basel Vigías del Río Dormilón

 

Medellín, 12 de marzo de 2019

Miércoles, 20 de marzo de 2019

Para: La Comunidad Nacional e Internacional

Asunto: Denunciar el asesinato de líder campesino del Municipio de Sonsón

Nos siguen asesinando, en un país, en unos territorios, en unos corregimientos, por los que hemos puesto todo, al servicio de su soberanía territorial y de su autonomía local y veredal. Ahora es asesinado en su casa de habitación, el fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Piedras Blancas, Joaquín Emilio Jaramillo, en el Corregimiento San Miguel, Sonsón Antioquia.

Mientras en el Oriente Antioqueño, se vienen por un lado intentando presentar anormalidades del orden constitucional, al imponer medidas represivas ante la manifestación pública de la sociedad civil, en Rionegro Antioquia, por el otro lado en el municipio de Sonsón nos siguen asesinando líderes sociales.

¿Hasta cuándo? ¿Quién es el responsable de cuidar la vida de los líderes sociales? ¿Será de nos saldrán de nuevo con eso que dijo el Presidente Iván Duque que la protección no se nos puede brindar porque somos muchos? Son interrogantes que desde la Mesa de Derechos Humanos nos formulamos y se las planteamos a la comunidad nacional e internacional. ¡Queremos respuestas ya, a esos interrogantes de cara al país y de cara al mundo¡

Secretaría Técnica Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia

 

Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia.

Las organizaciones ambientalistas, sindicales, indígenas, campesinas, ecuménicas, juveniles, de mujeres, LGBTI, afrodescendientes y académicas, entre otras, que nos articulamos en la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz, saludamos este Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas: “Por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz: Unidad y Lucha”; y les compartimos las principales disposiciones de nuestro reciente Encuentro Nacional que reafirman nuestros pasos en este caminar conjunto.

  1. Fortalecer nuestras capacidades propositivas, organizativas y de movilización para enfrentar la ofensiva del gobierno Duque en torno a la aceleración de la locomotora minero energética en beneficio de las empresas transnacionales y la consiguiente profundización de los desequilibrios sociales, ambientales y económicos del país. Las principales muestras de este ecocidio las podemos ver en los casos de las represas de Hidroituango, Sogamoso y el Quimbo, en los constantes derrames de crudo (La Lizama/Magdalena Medio), en la intensificación de proyectos mineros y petroleros sobre ecosistemas importantes como la Amazonía, la Sierra Nevada, los Bosques de Galilea, el Macizo y los páramos de San Turban y Sumapaz. Estas intervenciones de los territorios implican la extinción de las culturas originadas en ellos y la crisis humanitaria que padecen sus pobladores por la pérdida de acceso a los medios de Es lo que anuncia el Plan de Desarrollo que empieza a debatirse en el Congreso, con la misma demagogia del “emprendimiento, la competitividad y la equidad” que han tenido todos los Planes del modelo neoliberal impuesto desde los años 90. 
  1. Cohesionar nuestros procesos de articulación regional, nacional e internacional, para afrontar también la política represiva que acompaña esa expansión del saqueo. La reducción de los alcances de la participación decisoria en mecanismos constitucionales como la Consulta Popular, la Consulta Previa, los acuerdos municipales o el licenciamiento ambiental, junto a la normatividad policial que restringe las manifestaciones públicas, la ley de comunicaciones y la judicialización de la oposición social y política, definen el paso a un régimen más centralista y autoritario de los que el país ha soportado en el nuevo El enfoque de la legalidad y la seguridad encubren el saqueo ahora con el sofisma de “la protección de los recursos naturales, que son activos estratégicos de la nación”, y la expoliación de la minería tradicional a favor de las transnacionales, como sucede en Marmato, Suárez, Nordeste y bajo Cauca antioqueño. 
  1. Rechazamos los ataques, las amenazas y los asesinatos sistemáticos contra las y los dirigentes sociales, perseguidos por su compromiso con la defensa y el cuidado de la vida y el territorio, por oponerse al modelo extractivista o a exigir la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Insistimos en la necesidad de una salida política al conflicto armado con el ELN, el restablecimiento de la Mesa de Conversaciones, previo un Cese al Fuego y de hostilidades Bilateral; y seguiremos insistiendo en el impulso del Diálogo Nacional Mineroenergético y ambiental por la paz, donde participen todos los sujetos políticos implicados en asegurar la energía como un derecho fundamental, como un aporte para la salida política del conflicto interno.
  2. Ratificamos nuestro propósito común de avanzar en la construcción de nuestras propuestas de vida, sectoriales y territoriales, en torno a: la transición energética, la soberanía alimentaria y la justicia del La Transición Energética, como transformación del modelo energético que nos rige hasta ahora, implica un cambio en la visión que tenemos de la energía, para poder replantear las fuentes, la producción y el consumo, esto es, un cambio en la cultura. La TE la asumimos con un carácter social y comunitario, y en defensa de lo público, por lo que rechazamos la privatización de Ecopetrol y, por el contrario, planteamos reorientar su papel como empresa nacional que lidere este proceso. Tenemos el reto de ganarle la iniciativa a las empresas privadas que quieren hacer de la TE su nuevo mercado, promoviendo la implementación de diversas fuentes energéticas alternativas en los territorios.  
  1. Y nos planteamos disponer todos los múltiples ejercicios de ordenamiento y gestión del territorio, hacia la configuración de gobiernos comunitarios como expresión de nuestra capacidad de realización de nuestros planes de vida, complementado con la disputa por la administración, legislación y de gobierno de los espacios institucionales locales. Para eso promoveremos todos los mecanismos de participación, comunitarios e institucionales, las iniciativas propias alrededor de la energía, el agua y la alimentación, la acción legislativa conjunta con la Bancada alternativa del Congreso y la movilización social. De manera particular nos disponemos a entrelazar nuestras banderas con las de todo el pueblo colombiano para generar una jornada nacional de protesta en la que haremos presencia desde nuestros conflictos y

 

¡Construyendo territorios con energía para la paz y la vida!

 

Bogotá, 9 de febrero de 2019

Free Joomla! template by L.THEME